La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para que expida sin mayor demora, la Ley General de Seguridad Privada, ya que tiene un retraso de casi siete meses y es vital para recuperar el clima de confianza y con ello impulsar las actividades productivas en bien de la economía nacional.
Recordó que el plazo máximo para expedirla venció el 25 de noviembre de 2021 y es apremiante realizar el registro nacional de empresas del ramo, ya que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son coadyuvantes en la seguridad pública.
En un comunicado, la Coparmex expuso que “consideramos fundamental que se expida esta ley para una efectiva y adecuada regulación y se lleve a cabo el registro nacional de empresas del ramo”.
Destacó que actualmente dicho registro solo se realiza cuando una empresa tiene actividad en dos o más entidades, pero cuando labora solo en una, únicamente tiene la obligación de llevar a cabo su inscripción ante la entidad federativa en la que presta el servicio.
Expuso que la seguridad privada, junto con las instituciones de seguridad pública, forman parte de un sistema de seguridad pública que funciona por colaboración mutua. De ahí la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para el mejor desarrollo de este sector.
La nueva Ley pretende regular la seguridad privada en tres aspectos: la homologación de un permiso único a nivel nacional con el objetivo de crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados.
En segunda instancia, establecer la distribución de competencias que tendrán la federación, los estados y los municipios en la materia y en tercer lugar, establecer las sanciones tanto para empresas como para usuarios que contraten empresas que no cuenten con la autorización correspondiente.
“Desde Coparmex reiteramos nuestro atento llamado al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada que, sin duda, dotará de mayores herramientas de coordinación, seguimiento y control a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en favor de los ciudadanos.
