El propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que el Gobierno mexicano tiene una “gran asignatura” pendiente en el tema.
Redacción
La situación de los derechos humanos y la violencia en México sigue siendo señalada por distintas organizaciones internacionales, las cuales destacan la grave posición del país en ese sentido, agravada por la impunidad que prevalece.
Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual organizó un foro en el que especialistas y activistas señalaron que, a pesar de los avances que México ha realizado para frenar la crisis de desapariciones en el país (que se acerca a los 100 mil casos registrados oficialmente), la impunidad y el cumplimiento de las leyes siguen siendo los grandes retos pendientes
“La lucha contra la impunidad es imprescindible en este momento. Es una lucha que debió hacerse desde hace mucho tiempo. Además, las políticas de búsqueda y el desarrollo legislativo son imprescindibles”, aseguró Luciano Hazan, integrante del Grupo de trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ofrecieron este lunes un simposio sobre los retos y perspectivas de México a diez años de su informe sobre esta tragedia, en un acto en el que estuvieron acompañados de familiares de víctimas y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas.
Logros insuficientes
Luciano Hazan destacó que en la última década, México ha tenido logros en la materia, aunque precisó que estos han sido siempre guiados por los familiares y las organizaciones de desaparecidos.
“El trabajo ha sido realmente ejemplar. México ha dado pasos, ha escuchado a las familias, ha creado legislaciones como la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo, la Ley sobre la Desaparición (Forzada), así como la (creación de la) Comisión Nacional de Búsqueda, y protocolos homologados”, afirmó.
Sin embargo, criticó que hasta ahora no se han visto resultados concretos y que pese a las decisiones que se han tomado institucionalmente, estas no se ejecuten como se debe, además de que hacen falta recursos y mejorar la coordinación entre las fiscalías de todo el país.
“Son miles las familias buscando y no hay tiempo para esperar”, condenó.
Recordó que otro de los grandes temas pendientes es la seguridad que el Estado debe garantizar a las familias buscadoras, así como a periodistas y defensores de derechos humanos.
“La pérdida de vida y el hostigamiento a quienes luchan es el primer síntoma que dejan las desapariciones forzadas y las otras graves violaciones a los derechos humanos. Otro tema es la falta de coordinación entre las instituciones”, aseveró.
Ante ello, dijo, es indispensable fortalecer a las fiscalías estatales y federales para que cumplan con su rol fundamental de impartir justicia y alentó a todas las ramas del poder, tanto ejecutivo como judicial, a seguir las recomendaciones que en próximos días hará el Comité de la ONU contra la desaparición forzada, tras su visita a México en noviembre pasado.
Poco qué celebrar
Gabriella Citroni, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias , coincidió con Hazan en que pese a los logros que México ha tenido con el tema de las desapariciones “hay muy poco que celebrar” pues pese a todo “sigue habiendo” personas que están desaparecidas.
Además, señaló que es “imprescindible” contar con instituciones que sepan aplicar todo lo que tienen “y todas las herramienta que se les ha dado de manera humana”.
Al respecto, Blanca Martínez, directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que pese a los logros, no se puede hablar de avances en términos de localización de personas desaparecidas, especialmente por las trabas judiciales que tienen que enfrentar las familias.
Y señaló que mientras la impunidad siga existiendo “la desaparición, desgraciadamente, seguirá siendo al igual que la impunidad, algo constitutivo del sistema de Gobierno y eso puede ser, obviamente, como una sentencia de exterminio para nuestros pueblos, pues desaparecen las personas y desaparecen nuestros pueblos”, precisó.
Impunidad, la asignatura pendiente
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de México, aceptó que el Gobierno mexicano tiene una “gran asignatura” pendiente en el tema de desapariciones y su lucha contra la impunidad.
“Un país con 98 mil 885 desaparecidos acumulados al día de hoy, y en donde solamente se registran 35 sentencias por este delito, da cuenta del enorme rezago que las autoridades encargadas de impartir justicia tienen con las familias”, admitió.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU-DH, reiteró que “el combate a la impunidad constituye el principal reto” para el país en el tema.
“Es un desafío persistente no solo en materia de desaparición de personas, sino en muchos otros ámbitos normativos”, insistió.
Y recordó que en próximos días, el Comité de la ONU contra la desaparición forzada presentará su informe relativo a su visita a México que realizó en noviembre del año pasado y “será clave trabajar de forma inmediata y coordinada para la implementación efectiva de todas sus recomendaciones”, dijo.
En ese sentido, Encinas se comprometió a cumplir “puntualmente” las recomendaciones que dicho comité emita.
“Haremos un esfuerzo para que otros órdenes de Gobierno, particularmente en el ámbito de impartición y procuración de justicia, hagan lo propio, porque es ahí donde tenemos una de las mayores asignaciones pendientes para encarar este problema”, aseveró.
México vive una crisis de personas desaparecidas con más de 98 mil 500 personas no localizadas de 1964 hasta la fecha, según datos de la propia Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
