¿Por qué unas madres que buscan a sus hijos desaparecidos tienen que plantarse durante días frente a una institución para conseguir algo tan elemental como ser escuchadas?
Es una pregunta incómoda para el poder, pero que resuena con fuerza en una sociedad que solo atina a observar más indiferencia que acciones efectivas.
El cuestionamiento no lleva ningún sofisticado adorno gramatical, al contrario, es directo, profundo y sumamente doloroso.
Desde hace muchos años en México, las madres buscadoras han convertido su dolor en una forma de acción permanente, sin concederle la más mínima tregua a la pasividad.
Lamentablemente, muchas de ellas han terminado haciendo el trabajo que originalmente le corresponde a las instituciones. Son ellas quienes buscan fosas, recorren terrenos baldíos, identifican restos y siguen pistas que, en muchas ocasiones, las autoridades simplemente decidieron ignorar.
La presidenta Sheinbaum ha señalado, cada vez que le preguntan sobre el tema, que en efecto hay reuniones, investigaciones, toma de muestras y acciones de búsqueda. Todo eso es muy loable, pero hay una realidad que debe ponerse sobre la mesa.
Cuando una madre tiene que plantarse a las afueras de la Fiscalía para exigir atención, el problema deja de ser meramente jurídico. Se convierte en un problema de falta de sensibilidad y de prioridad institucional.
Una desaparición no es un trámite de oficina más, es la ausencia de un hijo, una hija, un hermano o un padre que ya no regresó a casa. Detrás de cada expediente o carpeta de investigación hay una familia desgarrada que sigue preguntando: ¿dónde estás?
Por eso, la respuesta del Estado no puede seguir limitándose a la numeralia de las reuniones o a la frialdad de los protocolos burocráticos.
La verdadera justicia comenzará cuando las autoridades entiendan que el dolor de estas familias no se administra ni se calendariza, sino que se atiende con urgencia y humanidad.
Cada día de indiferencia institucional es un día más de complicidad con el olvido. Escuchar a las madres buscadoras no es un regalo político ni un acto de buena fe. Es la obligación más elemental de un gobierno que se autodenomina sensible al sufrimiento del pueblo.
Mientras persistan las puertas cerradas y las fiscalías sordas, la labor de estas mujeres seguirá siendo el espejo más incómodo y digno de nuestra realidad nacional.
Su exigencia frente a las instituciones no es solo por el derecho a ser atendidas, sino por el rescate de la dignidad colectiva en un país desgarrado por la ausencia de miles
Al final del día, la respuesta a esa pregunta incómoda determinará si las instituciones están para servir a la justicia o simplemente para administrar la tragedia.
