Ser parte del círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sexenio anterior le dio a Rocío Nahle un aire de todopoderosa, intocable y muy poco transparente como secretaria de Energía.
La inercia política la colocó en una posición muy favorable para contender por la gubernatura de Veracruz en junio de 2024, elección en la que arrasó y se convirtió en gobernadora de aquel estado.
Recibió una entidad con varios pendientes que su antecesor, Cuitláhuac García no logró resolver, aunado a diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que siguen en el aire sin que hasta el momento se hayan aclarado.
Con la venia y complicidad de su movimiento político y en aras de mantener esa hegemonía partidista en Veracruz, Nahle ha gobernado casi dos años con más escándalos que acciones concretas y positivas.
La zacatecana heredó una responsabilidad enorme con un estado golpeado por la pobreza, las desapariciones, la extorsión, la inseguridad y las carencias sociales, sin que hasta el momento se noten mejoras sustanciales, a pesar de que en el discurso diario la funcionaria habla de grandes acciones de su gobierno para combatir los flagelos veracruzanos.
Y es justo ahí donde la opinión pública le ha cuestionado lo poco que se ha hecho para enfrentar esos graves problemas y donde también aflora el carácter hostil, prepotente, insensible y poco empático de la gobernadora hacia sus gobernados, hacia los representantes de los medios de comunicación y hacia otros personajes que la cuestionan, con razón, todos los días.
Sumado a este escenario, aparecen las sospechas que se yerguen sobre sus familiares de realizar grandes negocios con el gobierno, generando ganancias estratosféricas que eliminan de golpe cualquier discurso de austeridad republicana en su entorno, traicionando los ideales de la cuarta transformación.
En ambos casos, el problema de Nahle no se limita a las interrogantes que rodean a su círculo cercano. También está la percepción de una gobernadora que, ante las exigencias de los ciudadanos, parece más preocupada por defender su posición que por reconocer la dimensión de los problemas que enfrenta el bello estado de Veracruz.
Aunque señala que todo lo que se le cuestiona son simples ataques políticos para desprestigiarla, la realidad es que todo lo malo que ocurre en Veracruz es más complejo de lo que nos imaginamos. Sería muy conveniente que, ante tales cuestionamientos públicos, la obligación de cualquier administración fuera la de ofrecer explicaciones claras, transparentes y verificables.
La confianza ciudadana no se exige, se gana. Y cuando hay dudas, el silencio, la insensibilidad o la arrogancia solamente contribuyen a profundizarlas. El caso de Veracruz es una prueba más de ese desequilibrio de fuerzas.
Una gobernante sensible escucha, explica y corrige. No convierte cada cuestionamiento en una afrenta personal ni confunde la crítica con una conspiración.
La prensa, los ciudadanos y los adversarios políticos tienen derecho a preguntar. Pretender que el poder merece aplausos permanentes es desconocer la esencia misma de la democracia.
Nadie debería estar por encima del escrutinio público, mucho menos quienes llegaron al poder bajo las banderas de la honestidad y la transformación. Si la consigna es acabar con los privilegios, esa exigencia debe comenzar en casa.
La transparencia no puede ser una promesa para los adversarios y una excepción para los propios, y mucho menos ser insensible a una cruda realidad que es más dura de lo que nos imaginamos.
