En el proyecto original de presupuesto de ingresos y egresos 2027 que presenta hoy la Secretaría de Hacienda diversos organismos del sector privado temen que el “hueco presupuestal no sean 120 mil millones sino 180 mil millones de pesos, entendido como el faltante de ingresos para cerrar el déficit fiscal anual equivalente a poco más de 3.5% del Producto Interno Bruto y así validar el ofrecimiento del titular del ramo, Edgar Amador, hacia acreedores y agencias calificadoras de deuda… un hueco que se tendría que tapar con más deuda y/o aumentos impositivos de diversa índole.
En los foros que organizó la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados, comisión encabezada por el muy prudente Carlos Altamirano, hubo propuestas de todo tipo: desde la del Partido del Trabajo de Alberto Anaya de elevar el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) a cerveza y alcohol así como alimentos con alto contenido de sodio, hasta la de algunos grupos afines al régimen que contemplaron retomar el nocivo impuesto al activo, reducir los márgenes de deducibilidad de los gastos y e inversiones de los contribuyentes e incluso un impuesto general a las ventas… que no sería otra cosa que un Impuesto al Valor Agregado (IVA) disfrazado.
Sin embargo, será hasta hoy que se conozca el planteamiento del poder ejecutivo de gastos, ingresos y de los cambios fiscales propuestos para llenar el faltante para un año que por su naturaleza electoral (17 estados renovarán gobernaturas y sus congresos locales, alcaldías y diputaciones federales) es predecible un gasto expansivo sobre todo en los llamados “programas sociales” de la Secretaría del Bienestar a cargo de Leticia Ramírez pero que en suelen usarse electoralmente por el Partido Morena.
Ampliar el gasto sin aumentar ingresos y/o recurrir a endeudamiento adicional que lleve a romper el máximo histórico de 21 billones de pesos de deuda total, será tan difícil como chiflar y comer pinole. Veremos.
Hidalgo, a la mitad del camino
Una tesis expuesta por la Confederación Patronal de la República Mexicana que encabeza Juan José Sierra, se valida con datos y se confirma en el estado de Hidalgo: el mejor programa social es el empleo bien pagado, el que se logra con la inversión.
En los tres primeros años del gobierno de Julio Menchaca, Hidalgo recibió 130 compromisos de inversión por 147 mil millones de pesos, asociados con la generación de 191 mil empleos; se colocó en primer lugar nacional en crecimiento económico y segundo en actividad industrial, además de avanzar 11 posiciones en el índice de competitividad. Esto, por el actual gobierno le ha apostado a aprovechar la cercanía de la entidad con el Valle de México y así dejar de ser únicamente territorio de paso y convertirse en destino de capital.
La entidad alberga 6 proyectos federales de gran calado: 900 millones de pesos para la pavimentación y ampliación del eje Actopan–Atotonilco el Grande; más de 2 mil millones para el encauzamiento y vialidades del Río de las Avenidas, y 3 mil 200 millones para ampliar a ocho carriles la carretera Pachuca-México. La cercanía con la Ciudad de México, el Estado de México y el AIFA, al mando del General Isidoro Pastor, le otorga una ventaja logística evidente.
El efecto de ello es que la pobreza pasó de 41% a 35% de la población, o sea154 mil personas salieron de esa condición. Por su parte, los 154 programas sociales colaboraron a esa mejora al pasar de 4,900 millones a 12 mil millones de pesos anuales.
La combinación ha permitido finanzas públicas estatales sanas: la deuda heredada disminuyó 42%, por lo que Hidalgo está entre las 5 entidades menos endeudadas del país además de que elevó en 96% sus ingresos propios.
La prueba para el gobierno hidalguense será sostener esa ecuación de manera sostenida y sostenible y reflejada en el bolsillo de sus gobernados cuando se acerque el cierre del sexenio y aumenten las presiones políticas y presupuestales propias de cualquier sucesión.
Alertas ANAM y el dilema de los dos Darios
Nuevamente se prenden luces amarillas La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que desde este año lleva Héctor Alonso Romero Gutiérrez: fuentes vinculadas con la operación administrativa de la institución y que pidieron el anonimato denuncian presuntos cobros indebidos a proveedores y contribuyentes, además de trabas, retrasos y obstáculos en trámites y procesos de pago.
Los señalamientos se dirigen a Juan Carlos Rico Báez, Administrador de Modernización Aduanera “2”, así como a Darío Eugenio Reyes Villagómez, director general de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera… y cuyo nombre aparece como representante de Planets Solutions en una licitación del C5 de la CDMX en 2025 por un monto cercano a los 484 millones de pesos cuando el actual director del Centro de Procesamiento de Datos de ANAM, Jeshvan Alcántara, era director de administración de tecnologías del Centro de Comando capitalino.
No sabemos si son dos Darios diferentes, pero siendo las aduanas un área sensible de seguridad nacional y recaudación, siempre será vital verificar trayectoria y desempeño de sus funcionarios clave.
CVA, bajo la lupa
El actual jefe de la unidad de Inteligencia Financiara, Omar Reyes Colmenares, incluyó en un reciente informe a un nuevo integrante de la llamada “lista negra” de empresas que se considera han simulado transacciones a fin de evadir impuestos: se trata de Comercializadora de Valor Agregado.
Ello deriva del oficio 55AE69726AE42F5A que detecta operaciones para la supuesta compra de facturas y subfacturación de importaciones. Y no es la primera vez que sucede: CVA, cuya apoderada legal es Lilia Ivón Hernández, también representa a firmas como Altum Tecnology y Aluxen Lumini, y se la ha mencionado de intentar trampear en algunas licitaciones en subsidiarias de Pemex.
En lo que son peras o manzanas, empresas tecnológicas de la talla de Lenovo, HP, DELL y Xerox no harían mal en checar a sus aliados de negocios en México.
Seguridad y sucesión en el Bajío
En Guanajuato, durante agosto y según cifras oficiales, se contabilizaron 139 personas asesinadas. Ante esto, el alcalde de Salamanca, César Prieto, municipio que en agosto tuvo 19 homicidios, el 13% del total estatal, pidió al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, implementar el Operativo Enjambre para investigar a alcaldes, servidores públicos y sobre todo a futuros aspirantes de cara a los procesos electorales.
Y es que el secuestro (de 10 horas) del empresario Gerardo Arredondo en febrero pasado pareciera ser el impulso que necesitaba para buscar una candidatura del PAN.
Habría que ver si Jorge Romero apoyará un candidato panista con murmuraciones detrás.
Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza regresar el 5 de octubre
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